Esta mesa convoca a la presentación de trabajos que problematicen y promuevan un debate, desde la investigación social y el pensamiento crítico, sobre distintos aspectos de la relación entre el sistema penal (policía-justicia-encierro) y los derechos humanos. La producción de información o desinformación sobre la “cuestión criminal y la cuestión penal” se torna en tema central para el debate político sobre la relación sistema penal y derechos humanos. Los cambios en la producción legislativa de los últimos años ampliando el poder de castigar plasmadas en la reforma de la ley de ejecución de la pena, en la aplicación de la fragrancia y la consecuente realización de juicios exprés constituyen claros ejemplos de la construcción política de una penalidad más severa que toma a los más jóvenes como blanco privilegiado. La propuesta de un sistema penal juvenil que baja la edad de punibilidad es un ejemplo incontrastable. También se hace visible con la ampliación de políticas de policiamiento sobre los espacios urbanos degradados y la habilitación política al uso letal de las armas de fuego (doctrina Chocobar) constituyendo una tendencia ya asentada entre las tecnologías de gobierno de la pobreza, combinada con el uso extendido y recurrente del encarcelamiento masivo, como dinámica de gestión punitiva de dichas poblaciones en clave de administración y circulación del precariado por las distintas agencias del sistema penal