El gobierno actual de la Argentina ha agudizado aún más la estigmatización evidenciando un profundo desprecio ante las alteridades. Las identidades políticas construidas en búsqueda de lucha por alcanzar sus derechos, lejos de avanzar en este aspecto se ha forjado como “focos de segregación y exclusión” desde el estado mediante la aplicación de sus políticas públicas o de su omisión. Actualmente, la sociedad convive con el caos y un constante sentimiento de inseguridad de miedo a pérdida de su vida, su integridad o sus bienes materiales en manos de la identidad política “delincuente”. La privación de la libertad se ha transformado en un semillero de “personas de los márgenes”, los “caídos del sistema para estar en la tumba”. O sea en “no lugares” insospechados para muchos y creados para alivianar responsabilidades o temores. Quienes están privados de libertad condensan en la condena un “ilusorio resarcimiento” de todos los crímenes que se vivencian en el país. El individuo se convierte en el portador de las profundas emociones de miedo, bronca y angustia de “otros”. Las prácticas cotidianas carcelarias se instalan como modos de hacerse carne y hacer cuerpo la ley que transgredida. Se rediseña el castigo a sectores sociales de mayor vulnerabilidad en un espacio recortado. Las identidades políticas discriminadas por diferencias se homogeneizan mediante la condena penal. Adquieren otra identidad signada por una institución que valida el castigo constante y la perturbación