Esta mesa convoca a la presentación de trabajos que problematicen y promuevan el debate, desde la investigación social y el pensamiento crítico, sobre distintos aspectos de la relación entre el sistema penal (legislación penal, policía-justicia-encierro) y los derechos humanos: el gobierno de la población excedentaria, una relación social-administrativa y penal en clave de reproducción del orden social capitalista y su articulación con el orden penal. La producción de información o desinformación sobre la “cuestión criminal y la cuestión penal” es un tema central para el debate político sobre la relación sistema penal, orden social y derechos humanos. Los cambios legislativos acumulados año a año han ampliado el poder de castigar: aumentos de los montos de las penas, la reforma de la ley de ejecución penal, la instrumentación del procedimiento de flagrancia y la realización de juicios abreviados exprés constituyen claros ejemplos de la construcción política de una penalidad cada vez más severa, que focaliza en los jóvenes como blanco privilegiado, promoviendo una persecución policial aún más selectiva. Mientras el punitivismo legislativo fracasa y la baja de edad de punibilidad no prospera, avanza el punitivismo policial, administrativo y judicial. La mayor criminalización de mujeres empobrecidas en nombre del “combate al narcotráfico” agrega clientela a los procesos de inflación del encarcelamiento. La ampliación de las políticas de policiamiento focalizado sobre los espacios urbanos empobrecidos y degradados, con nuevas y renovadas fuerzas de seguridad, y la habilitación política al uso letal de las armas de fuego alentada por los funcionarios de ayer y de hoy, constituyen una tendencia asentada entre las tecnologías de gobierno de la pobreza en un marco histórico neoliberal.