A inicios el Siglo XXI, la Provincia de San Juan ingresaba en la fase del “Neodesarrollismo” lo que traería aparejado múltiples transformaciones, con diferentes consecuencias, entre ellas la intensificación del Estado Penal. Los cambios en la estructura económica fueron modelando la intervención estatal en el territorio. El énfasis preventivo de las medidas de gobierno estuvo encaminado a exhibir una provincia estable, equilibrada, sin sobresaltos ni excesivas demandas sociales, que perturbaran las actividades económicas que aquí se desarrollan. El control de la población, el uso y la circulación por el espacio público fue ajustado. El encierro y la exclusión se diseminaron por todo el territorio, demarcando quienes y por donde debían circular para lo cual el uso político de la inseguridad fue la puerta de entrada a numerosas medidas de gobierno. Iniciativas tales como un centro de monitoreo y vigilancia, el incremento de policías y patrulleros, y la llegada en 2017 del fuero especial de Flagrancia, operaron como la antesala del proceso penal acusatorio recientemente puesto en marcha. Al analizar estos eventos buscaremos explicar las transformaciones y sus posibles alcances así como las implicancias en la intensificación del estado penal.