Los debates en torno al alcance de la acción estatal y en menor medida de la acción empresaria en materia de servicios públicos, cobraron gran relevancia en América Latina a partir de mediados de los setenta, principios de los ochenta, en el marco de la crisis de los denominados Estados de Bienestar. En un contexto internacional de crítica y reversión de las ideas keynesianas y de ataque global al capitalismo de posguerra, el rol del Estado en la provisión de servicios considerados básicos para el bienestar de la población fue severamente cuestionado. Se sucedieron así un conjunto de políticas tendientes a reducir la intervención estatal en la economía, lo que implicó el desmantelamiento del Estado empresario y como contrapartida, la responsabilidad de la prestación de los servicios públicos por un conjunto de empresas privadas. En Argentina, estos cambios se intensificaron a inicios de la década del noventa, cuando se implementó un profundo programa de reforma estatal que tuvo como uno de sus ejes principales la privatización de empresas de bienes y servicios públicos. A partir de la crisis de 2001 y el fin del régimen de Convertibilidad, se generó un fuerte cuestionamiento social del programa privatizador, anclado principalmente en las deficiencias existentes en las prestaciones. Con el ciclo político iniciado en 2003, se fue incrementando progresivamente la participación estatal en áreas clave de la economía y en algunas empresas de bienes y servicios públicos.