Siendo fundamentalmente representativos de la tradición europea, y marginales en América latina, los medios de comunicación bajo control estatal estuvieron en el centro de los debates a la hora de pensar una política pública de comunicación. Si los canales públicos son el escenario ideal para promover la pluralidad de voces, especialmente de las minorías, la lucha por su control se vuelve esencial para las diferentes expresiones políticas y culturales que integran la sociedad, siendo el carácter gubernamental que puedan estos desarrollar un factor de conflictividad a la hora de pensarse como medios públicos. Los análisis de la intervención estatal que omiten el carácter de clase del Estado, centran en la concentración mediática privada el principal de los problemas por resolver para acceder a una democratización de la palabra. Sin embargo, en términos marxistas, el condicionamiento mayor a la libertad de la palabra está dado por el organismo que en última instancia es el garante de la reproducción de un régimen social de explotación, concentrando el uso de la fuerza pública y la burocracia. Esta razón determina que la estatización de los medios de comunicación no tiene necesariamente un carácter progresivo, ni es garantía de la pluralidad de voces.