La reforma constitucional de 1949 consagró los principios de la justicia social que imperaban en buena parte del mundo de posguerra. Uno de esos parámetros habilitaba al Estado a asumir un rol directo y determinante en el curso del quehacer económico, cuya expresión máxima radicó en la facultad para intervenir y hasta monopolizar alguna de las actividades económicas que considerase relevante, entre otras la prestación de servicios públicos. No obstante, el discurso historiográfico predominante ha logrado imponer una visión de esa reforma constitucional como trunca, negada o conjurada. Ello, en tanto fue dejada sin efecto prontamente por el gobierno dictatorial que se impuso en 1955 y que logró eliminarla como texto válido en la historia de las modificaciones a la Constitución. Sin embargo, intentaremos aquí avanzar en una idea opuesta: en lo que hizo a la creación y gestión de empresas públicas para la prestación de servicios públicos, el texto de 1949 ha logrado dejar una impronta y legado por varias décadas, incluso manteniendo una estela –menor pero vigorosa al fin– que llega hasta nuestros días.