Se tratará de abordar la problemática inserta en el contexto social y político de principios del siglo XX en Argentina, relacionada con los usos otorgados al término “anarquismo\". Más específicamente los derivados del discurso jurídico penal como constructor de significados atribuídos al término “anarquista”. Se tomarán para ello fallos judiciales de las primeras décadas del siglo pasado. La finalidad del trabajo se orienta al tratamiento judicial de la violencia sociopolítica en la Argentina, a partir de algunos casos notables de protesta social y política en las dos primeras décadas del 1900. Un interrogante pasaría por evaluar si el poder judicial estuvo limitado por los otros poderes o continuó tratando el problema del orden social como un tópico policial, sujeto a la represión de los órganos de coacción estatal, como durante la República conservadora del Siglo XIX. La casuística judicial, tal vez, pueda informarnos en relación a si los derechos de los trabajadores fueron defendidos y si los jueces se convirtieron en mediadores cruciales o no del conflicto. En definitiva, se tratará de observar la forma en que la justicia y los jueces “procesaron” las acciones colectivas de las clases subalternas -en especial el caso de los activistas anarquistas-. La tensión entre “legalidad estatal” y “derechos de los subalternos” atravesará centralmente el desarrollo de la cuestión. De tal modo se analizará el tratamiento dado por el discurso judicial y jurídico al anarquismo en Argentina a principios del siglo pasado y, bajo esos límites temporales y espaciales, preguntarnos por la posibilidad de que los agentes judiciales y las instituciones de la justicia hayan absorbido, clasificado, sustanciado y/o contenido la violencia que provenía de acciones colectivas de protesta social y polítca. Desde allí, se intentará encontrar patrones de tratamiento judicial de esa violencia y relacionar la posibilidad de que ciertas decisiones judiciales contribuyeron a reducir el impacto de esa violencia colectiva sobre la estabilidad institucional y el mantenimiento de las garantías y libertades individuales. Asimismo, se buscará interrogarnos en relación a la posibilidad de que el Poder Judicial haya ampliado o recortado su injerencia en esas temáticas político-sociales. A su vez si fue el encargado de definir y caracterizar los “peligros” al orden público. También, se pretende observar matizadamente el rol de la justicia, relevando casos en que hubiera puesto frenos al arbitrio del Poder Ejecutivo, dejando que los trabajadores actuaran en la esfera pública y haciendo conocer sus reclamos.