A 10 años de la adhesión a la Convención, y 36 años de la Ley 22.431/81, que establece el cupo laboral del 4% para personas con discapacidad en organismos estatales, el derecho al trabajo para este colectivo no se efectiviza. Si bien en Salta mediante reglamentaciones y proyectos se tiende a garantizarlo, persisten mecanismos y dispositivos segregadores que perciben la discapacidad como deficiencia y enfermedad, lo que acrecienta las condiciones de marginalidad, exclusión y vulnerabilidad hacia este colectivo. Así se evidencia que las leyes no son respetadas, sino que son utilizadas para representar una falsa idea de inclusión, puesto que en las instancias en que se promulgaron no “prestaron suficiente atención a las barreras que la estructura económica y las relaciones de poder construyeron” (Russel, 2008, p. 250), pues mientras se impulse una concepción de empleo mercantilista y competitivo seguirán disminuyendo las oportunidades de trabajo, para personas con discapacidad y todos los sectores vulnerables de la sociedad. Por ello la presente ponencia, mediante análisis documental y de casos, se propone evidenciar cómo las reglamentaciones que aparentan ser inclusivas, reproducen mecanismos de exclusión, pues resultan más que insuficientes, estigmatizadoras e inocuas para revertir la exclusión de este colectivo al trabajo rentado.