Uno de los elementos más ponderados de las recientes transformaciones legislativas referidas a la infancia y sus derechos (ley 26.061 y otras) ha sido la “desjudicialización” de las intervenciones de origen “asistencial”. Es decir, la transferencia de competencias y responsabilidades del poder judicial hacia el administrativo, usualmente municipal en casos referidos a “la vulneración de derechos” de niños. Se ha argumentado que dicha transformación supuso una merma en los grados de arbitrariedad a los que estaban sometidos los niños y familias de sectores populares en los ámbitos tribunalicios. Resulta habitual, no obstante, el tratamiento de la noción de “desjudicialización” como un dato autoexplicativo y cuyas consecuencias –inexorablemente positivas- suelen quedar fuera del campo de lo cuestionable. En el presente trabajo, enmarcado en mi investigación doctoral desarrollada en un Servicio Local de Protección de Derechos de Niños en un municipio del conurbano bonaerense, se busca suspender la intangibilidad de dicha noción para avanzar en las reflexiones sobre sus implicancias concretas. Para ello, se explora aquí, desde la reconstrucción de una situación etnográfica en extenso, ciertas modalidades que se configuran en las actuaciones cotidianas orientadas a “proteger derechos” que se encuentran atravesadas por prácticas adultas, habitualmente interpretadas como delictuosas -por ejemplo maltrato, violencia o abuso sexual-. Se focaliza en las actuaciones cotidianas de agentes estatales que, de maneras no poco dilemáticas, deben desplegar una serie de mecanismos orientados a evaluar sujetos, desentrañar sucesos y producir verdades para avanzar en la “restitución de los derechos”.