Durante el año 2011 se produjo un importante cambio en la dirección del Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma (SOEAIL), originando un proceso de lucha y organización vinculado a la mejora de condiciones laborales, reivindicando la lucha histórica de los trabajadores de Ledesma. A partir de ese momento resulta alarmante la permanente activación de causas judiciales en contra de la dirigencia sindical. Esta situación se agravó desde diciembre de 2015, con la asunción del gobierno de Gerardo Morales quien produjo una serie de cambios institucionales entre ellos la entrada en vigencia del nuevo Código Contravencional y la creación del Ministerio Público de la Acusación, lo que generó un escenario que potenció el ejercicio de violencias estatales particularmente dirigidas en contra de la protesta, evidenciando prácticas de represión, judicialización y criminalización de las luchas y conflictos sociales. Tal es así que en el año 2017 el Estado argentino y la provincia de Jujuy participaron en una audiencia en la CIDH sobre \"represión y criminalización de la protesta social en Jujuy\", donde las organizaciones solicitantes, entre ellas el SOEAIL expusieron esta situación. La ponencia busca analizar estos procesos locales desde un enfoque socio jurídico.