El 24 de marzo de 1976, un golpe cívico-militar derroca al gobierno democrático de Isabel Perón. El autodenominado “Proceso de Reorganización Nacional” aplica una política económica dependiente de los centros financieros internacionales y despliega una estrategia de dominio sobre la población bajo la forma de terrorismo de Estado. El colapso de la industria nacional, la restricción de los espacios de expresión, la derrota de la guerra de Malvinas junto con la movilización social alrededor de los organismos defensores de los derechos humanos, desarticula a la corporación militar que convoca a elecciones. El 10 de diciembre de 1983 asume la presidencia Raúl Alfonsín, dentro de un marco de gran entusiasmo popular. Una ley de autoamnistía había sido promulgada en septiembre de 1983 por el gobierno militar saliente; Alfonsín envía en diciembre de ese año un proyecto de ley para su anulación y ordena el juzgamiento de las cúpulas militares. Se crea CONDADEP, que elabora profundo informe sobre los desaparecidos durante la dictadura militar. Presionado por una serie de alzamientos militares que pretendían detener las citaciones judiciales a los oficiales por violaciones a los derechos humanos, el Presidente sanciona las Leyes de Punto Final (24-12-1986) y de Obediencia debida (4-6-1987). La primera paralizaba los procesos judiciales contra los autores de las detenciones ilegales, torturas y asesinatos durante la dictadura militar. La segunda eximía a los militares de cargo menor al grado de coronel de la responsabilidad en los delitos cometidos en ese período. Ambas leyes fueron consideradas nulas por el Congreso Nacional en 2003, y declaradas inconstitucionales por la Corte Suprema de Justicia en 2005. En este contexto nuestro trabajo intentará analizar, a través de las voces de los distintos organismos defensores de los derechos humanos, cuál fue el impacto causado por estas “leyes de impunidad” y cómo reformularon su lucha a partir de ese momento hasta su nulidad.