De acuerdo a la lectura propuesta por Omar Acha y Nicolás Quiroga, en sus escritos más recientes, y en particular en el libro “El hecho maldito. Conversaciones para otra historia del peronismo”, existe en la historiografía más reciente una tendencia a la “normalización” de los estudios sobre el primer peronismo. Se utiliza el término normalización para dar cuenta de una visión del peronismo que se aleja de aquellas que lo analizan como un fenómeno único, con características que rozan lo patológico. La lectura “normalizadora” del peronismo enfatiza las continuidades con los procesos políticos anteriores y lo enmarca en un proceso de creciente integración de las distintas capas sociales. En esta misma línea se ubica el argumento que sostiene que la política social peronista no habría implicado grandes cambios o innovaciones, sino que simplemente habría puesto en práctica las leyes sociales y laborales sancionadas por anteriores gobiernos. El proceso político peronista sería, en este sentido, una mera continuidad en el tránsito de un Estado prescindente hacia un Estado intervencionista. El presente trabajo se propone cuestionar esta tesis a partir de una revisión crítica de los estudios sobre el peronismo en general y Córdoba en particular, que han estudiado la cuestión social y específicamente la cuestión obrera. La hipótesis que guía el trabajo sostiene que el peronismo politiza la cuestión social y laboral colocándola en el centro de la escena. A través de la creación de nueva institucionalidad se genera una creciente regulación de la vida social que llega a los rincones más impensados del país. El estudio del accionar de algunas instituciones claves del período permite dar cuenta del impacto que el peronismo genera en la regulación de las relaciones laborales. La conformación de las Delegaciones Regionales de la Secretaría de Trabajo y Previsión da cuenta de la creciente burocratización estatal para el tratamiento de la cuestión obrera. Si bien previamente existían los Departamentos Provinciales de Trabajo, su alcance territorial y el lugar que ocupaban dentro de la estructura estatal cambia notablemente con la llegada del peronismo que reivindica la protección de los derechos laborales como una tarea primordial del Estado. En el mismo sentido, la creación de los tribunales laborales constituye una innovación institucional fundamental en tanto se erigieron como la garantía para el cumplimiento efectivo de los derechos de los trabajadores.