Desde sus inicios hacia fines del siglo XIX, la moderna agroindustria azucarera tucumana se destacaba por la particularidad de estar compuesta por un amplio grupo de plantadores de caña, denominados cañeros independientes. Tal factor, la diferenciaba de otros centros productivos como Salta y Jujuy, donde el cultivo y la industrialización azucarera se integraban en la misma unidad productiva, mientras que en Tucumán gran parte de la materia prima es cultivada por cañeros independientes que la venden a los ingenios azucareros para su procesamiento. En esa amplia constelación de productores existían marcadas diferenciaciones económico-sociales relacionadas con la extensión y las distintas formas de tenencia y de explotación de las unidades productivas de caña de azúcar. En la década de 1940 la industria azucarera tucumana transitaba un proceso de fragmentación de la propiedad rural dedicada al cultivo de la caña de azúcar que se reflejó en el crecimiento de un actor social, el campesino plantador de caña de azúcar, denominado comúnmente cañero chico. En gran medida, las luchas llevadas adelante por las asociaciones cañeras desde la década de 1920 instituyeron un entramado de regulaciones que consolidaron la presencia de este segmento. El peronismo debió atender la difícil situación de los pequeños productores derivada del fraccionamiento del campo cañero. En ese sentido, el principal problema derivaba de la indefinición del precio de la caña que estaba en litigio desde 1943 y que se resolvió parcialmente por las compensaciones establecidas en el decreto 678 de enero de 1945. El instrumento utilizado para atender la problemática cañera contemplada en el decreto fue el Censo de las Plantaciones de Caña de Azúcar realizado por la Dirección General de Estadísticas y Censos en abril de 1945. Los resultados revelaban la fuerte presencia de explotaciones pulverizadas, económicamente inviables para el funcionamiento rentable y competitivo de la agroindustria. En tal contexto, el trabajo propone indagar los resultados de la política peronista en relación a la evolución de la estructura agraria cañera, tomando como referencia las normativas adoptadas (precio de la caña de azúcar y compensaciones) correlacionada con los censos cañeros de 1937 y 1945 y los censos agropecuarios de 1947, 1952 y 1960.