El presidente Roberto M. Ortiz (1938-1940) encaró durante su administración un proyecto de apertura electoral, en el gran cuadro político e institucional de la Argentina de fines de los años treinta. La falta de “pureza o limpieza” en torno a la cuestión electoral fue un tema central para todo el período analizado, dando cuenta del grave problema de legitimidad en el que estuvo subsumida la restauración institucional surgida a partir 1932. La denominación de “década infame” y específicamente, las resonancias del afamado “fraude patriótico”, se deben en parte a las dos características políticas que más se han resaltado en los estudios sobre el sistema político de aquellos años dentro de determinadas corrientes historiográficas: las maniobras electorales y la corrupción gubernamental. En el marco de una década donde la cuestión de la legitimidad se tornó un problema, el presidente Ortiz –sucesor del presidente Agustín Justo (1932-1938) y que accede al poder mediante elecciones fraudulentas– intentó encarar un proyecto normalizador de la práctica del sufragio, utilizando las intervenciones federales a las provincias donde estas irregularidades eran manifiestas. Existe, por tanto, un consenso historiográfico que suele otorgarle a Roberto M. Ortiz un papel “reformista” en lo que atañe a la política heredada con respecto al fraude, ya que, a través de diversas medidas intentará desarticular los mecanismos de manipulación del sufragio y abrir el sistema político. Allí intentaremos profundizar en qué consistió este plan y cómo el presidente lo llevó a cabo. La política de intervenciones federales a las provincias con prácticas fraudulentas, y en grave conflictividad institucional, fue una estrategia clave del Poder Ejecutivo Nacional con el objeto de normalizar los procesos electorales y controlar las situaciones provinciales. Con este fin, el presidente logró mantener la estabilidad política y reforzar el monitoreo del gobierno federal en esas nuevas posiciones conquistadas. El caso sanjuanino (1938) y el santiagueño (1939) nos ofrecen dos ejemplos centrales para analizar al modus operandi del Ejecutivo Nacional relacionado con su política de saneamiento institucional, y las dinámicas políticas y partidarias locales, a fin de adentrarnos en la cuestión de la legitimidad, la reproducción del poder político y las relaciones Nación-provincias.