El trabajo analiza la adhesión argentina en 1994 al Convenio de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV), tomando en consideración las condiciones políticas y económicas gestadas en décadas anteriores a la de 1990 pero intensificadas durante el gobierno de Carlos Menem. Para tal fin, se tienen en cuenta las numerosas legislaciones aperturistas y privatistas de aquel periodo, que buscaron brindar una imagen de credibilidad y seguridad al capital extranjero en pos de una exitosa incorporación del país a la economía mundial. Asimismo, la confluencia de factores tecnológicos con el importante caudal de capital financiero, acompañados de nuevas leyes, decretos y reglamentaciones, potencializaron las economías de escala en la producción agropecuaria argentina para culminar en la gran expansión productiva basada en la explotación intensiva de la naturaleza hacia fines del siglo XX y principios del siglo XXI. En este contexto, se considera que el inicio de la participación en UPOV y el conjunto del sistema legal para la protección de obtenciones vegetales y de propiedad intelectual en general, respondió y responde, primordialmente al aumento de la participación privada en la investigación tecnológica agropecuaria, que no se da de manera aislada sino que es parte de la tendencia global de refuerzo de tales derechos y reforzamiento del modo de acumulación capitalista.