El objeto del trabajo es recuperar las sucesivas reorganizaciones del servicio diplomático de la Nación desde la ley 4712 de 1926 hasta fines de los años ´30. Desde el momento en que se produjo el golpe de 1930 y a lo largo de toda la década, una de las palabras claves, infaltable en los discursos de los equipos de gobierno, fue racionalización. Su uso estaba precedido invariablemente por un diagnóstico que involucraba al pasado que había que superar: desquicio y caos, abuso y demagogia. Hacer economías y dotar de eficiencia al aparato estatal estaban indisolublemente unidos y en su nombre, independientemente de la implementación concreta del objetivo, se justificó un amplio repertorio de propuestas de reorganización del aparato estatal. La propuesta es abrir la intención de racionalizar la administración, el modo en que se propuso y los alcances y límites de su implementación en el ámbito del Ministerio de Relaciones Exteriores. La recuperación de los proyectos de reorganización y los debates que suscitan, tanto en el parlamento como en la prensa, nos permiten avanzar en el desentrañamiento del modo en que se piensan la política y la técnica y la necesidad de incorporar a la burocracia a egresados de las Universidades. El rastreo de los programas de los cursos superiores orientados a formar diplomáticos y la incorporación (o no) de los mismos a las oficinas públicas, así como los argumentos desplegados para apoyar o resistir la exigencia de título habilitante para aquellos que estaban al frente de las embajadas y principales legaciones del país, son buenos puntos de mira para dar cuenta de ese objetivo. La intención, además, es reconstruir nuevas modalidades administrativas que, en trabajos previos sobre los ministerios de Agricultura y Hacienda hemos denominado consultivas y que toman la forma de juntas y comisiones. La crisis económica y la búsqueda de la reinserción de la producción argentina en el mundo introdujeron a los miembros del servicio consular en organismos creados ad hoc tales como la Junta del comercio exterior creada en 1933, la Oficina de difusión cultural y propaganda externa, en 1937 y la Comisión de Política Económica, en 1938; cuestión que volvió a actualizarse a partir del estallido de la guerra y se tradujo en la constitución del Consejo Asesor de Cancillería, en 1940 y el Consejo de Inmigración en 1941.