El artículo analiza cuáles fueron los debates que desde los albores del siglo XX se dieron dentro de la órbita estatal en relación con los accidentes laborales, y confluyeron en la promulgación de la Ley de Accidentes y Enfermedades del Trabajo N° 9688 de 1915. Se sostiene que dicha norma viene a dotar de legitimidad a una práctica de resolución de los conflictos que se suscitaban en torno a los accidentes de trabajo, que ya estaba instaurada. El registro de voces representativas de intereses económicos disímiles que pregonaban a favor de un marco jurídico al respecto, permite argumentar que la sanción de la Ley si bien implicó una mejora en las condiciones sociales de los trabajadores, también se abocó a minimizar las responsabilidades empresarias, amparando su patrimonio por medio de la sugestiva inducción de asegurar a los empleados en compañías sobre las cuales se derivaba el deber indemnizatorio. Así, se discute con la interpretación que otorga excesivo énfasis al contenido eminentemente obrero de tal legislación. El acento está puesto en abordar cuál fue el influjo del Departamento Nacional del Trabajo, por medio de su corpus técnico-administrativo, en la sanción de la Ley de Accidentes. La metodología empleada por los funcionarios de aquella agencia estatal para la recolección de información sobre la temática, conllevó a que la producción estadística primara por sobre los enfoques cualitativos. Cierto es que ello puso en visibilidad las características de esta particular problemática del mundo obrero; a partir de ese momento, las opiniones que circundaron a favor de una normativa que regulase los litigios en casos de accidentes, procuraron respaldar sus argumentaciones en los aportes de los miembros del Departamento. No obstante, como muestran los debates parlamentarios, la directriz de la política pública se trazó con el objeto de mitigar la conflictividad social creciente sin perjudicar –o incluso beneficiando– los intereses de las clases dominantes. Así, las conclusiones a las cuales arribaban los expertos del organismo laboral, tuvieron un impacto limitado en los contenidos de la Ley, quedando el conocimiento técnico subsumido a los avatares y la intencionalidad de la política.