Al diseñar políticas públicas es imprescindible tener en cuenta a lxs destinatarixs de las mismas, y aquí aparece un primer problema puesto que delimitar implica incluir y también su antónimo: excluir. Definir junto a quiénes se trabajará o a quiénes serán consideradxs sujetxs de derecho envuelve un problema: ¿con quiénes no se trabajará?, o en otras palabras, ¿quiénes quedarán fuera, por tanto excluidos? Ese límite es el que en algunos casos distingue lo posible de lo imposible, de lo impensable, de lo abyecto. Pensar qué significa ser autónomx, qué significa la libertad, a qué nos referimos cuando hablamos de identidad y qué límites- necesarios por definición- establece una política pública es uno de los objetivos de esta reflexión en torno a algunas normas sancionadas en los últimos años, como las leyes de trata (Ley Nº 26.364 y 26.842) y el decreto Nº 936 (avisos sobre explotación sexual), entre otras. Incorporar a las personas como sujetxs de derechos implica visibilizarlas, otorgarles un reconocimiento que muchxs han venido pidiendo y militando durante los últimos años. Pero qué sucede con aquellxs que no han pedido estar o reclaman estar de otro modo. Esas serán algunas de las cuestiones que se abordarán en este trabajo.