Las reglas de juego institucionales son producto de una determinada correlación de fuerzas y tienden a ser funcionales a los intereses de la mayoría política que las promueve. Existen dos criterios para evaluar a estas reglas: el principio de gobernabilidad y el principio de la representación; los cuales operan en direcciones opuestas, generando una constante tensión. Habitualmente se asocia la eficiencia con la derecha y la representatividad con izquierda. Sin embargo, las tensiones reformistas de los últimos años no dividen a los actores en función de pautas ideológicas sino que cruzan diversos modelos en orden a otras variables. Las reformas político-institucionales propuestas por las derechas actuales, de cariz apartidaria y empresarial, tienden a fomentar teóricamente la defensa de principios de democracia liberal procedimental (asociados a la representación) en contraposición a lo que se concibe como populismo, que exhibe una concentración de poder (más ligado a la gobernabilidad). Aquí veremos que estos actores de la derecha latinoamericana optaron por este tipo de medidas con el objeto de contrarrestar el proceso de hiperpolitización precedente. Sin embargo, mientras se promueve una ampliación de la representación institucional de los actores ya incluidos, se disuade o impugna la movilizaron política o social de aquellos excluidos