El trabajo analiza la evolución de las prioridades de la inteligencia militar argentina entre 1990 y 2015. El supuesto que orienta estas reflexiones es que la definición de los lineamientos estratégicos de esta actividad se ha visto limitado por dos apreciaciones fuertemente arraigadas en las élites políticas locales: la consideración de que los organismos de inteligencia militar constituyen instrumentos potencialmente peligrosos para la estabilidad democrática; y la percepción de que la Argentina no posee amenazas externas que puedan requerir el uso de la fuerza militar en el mediano plazo. Estas caracterizaciones enfrentaron a los gobiernos al desafío inédito de tener que “justificar” la existencia de Fuerzas Armadas. Así, durante estos años los debates sobre la inteligencia militar oscilaron entre la asimilación de los intereses de seguridad de las potencias centrales y la utilización de las Fuerzas Armadas para la resolución de conflictos no militares, tales como el narcotráfico, el terrorismo o los desastres naturales. Estas controversias no sólo alejaron al sistema de defensa de su responsabilidad primaria –la preparación para la guerra– sino que también exhibieron las dificultades que ha tenido la Argentina para definir sus prioridades de inteligencia con autonomía de las agendas externas.