Desde 1983, el gobierno de la seguridad ha estado jalonado por importantes logros así como por la perdurabilidad de mecanismos que no han sido desmantelados. Ciertos procesos de reforma propusieron tanto una modernización y saneamiento institucional como un proceso de desmilitarización, sin embargo, se mantiene un esquema de políticas de seguridad centradas en el “doble pacto” (Binder; 2008): se delega en la policía el tratamiento de la seguridad mientras el poder político no interviene en sus asuntos internos ni en sus negociados, verificándose una “desafección política de la seguridad pública” (Kessler: 2008). Al no existir una “una estrategia integral de política de seguridad” (Kessler: 2008; 12), se habilita la posibilidad de que las Fuerzas de Seguridad actúen con un alto grado de autonomía frente al cual las fuerzas políticas no ofrecen respuestas adecuadas. Al respecto, proponemos como hipótesis que las respuestas normativas o de políticas públicas se presentan en forma reactiva, espasmódica y discontinua en el tiempo. Analizando algunos casos de muerte joven violenta - los casos Bulascio (1991), Bru (1993), Castelucci (2006) y Cromañon (2004) – pretendemos indagar en la construcción de representaciones sociales, la “productividad política” (Galar: 2015) y los consiguientes cambios normativos.