Como síntesis de las luchas llevadas a cabo por los movimientos indígenas y de las políticas diseñadas desde organismos internacionales e implementadas por los gobiernos de la región, surgen una serie de normativas que le dan un marco jurídico al proyecto de transformación de nuestros Estados en términos de reconocimiento cultural. Aún en su heterogeneidad, todas las propuestas de los movimientos indígenas se dirigen al carácter monocultural y colonial del Estado y conllevan proyectos políticos, económicos, sociales y culturales que mejoran las condiciones de vida de todos; en cambio, los segundos sólo buscan garantizar reformas neoliberales controlando a los primeros con estrategias de inclusión y división. Las normativas, por lo tanto, reflejan los primeros pasos en este sentido y constituyen un claro ejemplo de las paradojas de los nuevos ordenamientos multiculturales. En el trabajo se analizan: el Convenio N° 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la OIT (1989), la Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural (2001), la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007), la Directiva Operacional 4.20: Poblaciones Indígenas del Banco Mundial (1991), la Política Operacional OP 4.10: Pueblos Indígenas del Banco Mundial (2005), la Política sobre Sostenibilidad Social y Ambiental (2006 - 2014) de la Corporación Financiera Internacional.