En un escenario en donde las dificultades de acceso a la vivienda no disminuyen y parece no mejorar la respuesta institucional, resulta pertinente analizar el Programa de Autogestión de Vivienda (PAV) –ejecutado por medio de la Ley 341/00, y reglamentado en 2003 para la Ciudad de Buenos Aires-, como ejemplo de una respuesta a la crisis habitacional, pero cuyas características reflejan una nueva forma de implementación de políticas habitacionales y un real derecho a la ciudad. Teniendo en cuenta la actual inactividad de este programa debido a limitaciones presupuestales, así como su presente proceso de nacionalización, resulta pertinente analizar las características de esta política y de sus alcances en un contexto como el actual en donde se hace cada vez más claro el proceso de mercantilización de la vivienda y el hábitat. Y visibilizar así, cómo este programa demuestra la posibilidad de crear políticas habitacionales desde la participación de movimientos sociales que, a la vez de fomentar la organización social territorial, reconoce a los sujetos colectivos no sólo como objeto de políticas públicas, sino como constructores de las mismas, y permite potenciar capacidades de autogestión, generar avances en términos de costos y calidad de los proyectos de vivienda popular, así como un real acceso a las centralidades urbanas.