La movilidad, entendida como una práctica social de viaje, representa la capacidad de las personas de superar distancias geográficas para disponer de oportunidades y recursos desplegados en el territorio, y constituye un derecho social vinculado con el bienestar. El transporte de pasajeros, como proveedor de movilidad, es un insumo para el acceso a otros derechos sociales como la educación, la salud y el empleo. Por ello, la capacidad de pago de la tarifa es una variable central para analizar las oportunidades de movilidad, ya que las desigualdades socioeconómicas tienden a reproducirse en el acceso al sistema de transportes. La Tarifa Social Federal de transporte público de pasajeros es una política estatal que busca subsidiar, a determinados grupos de usuarios, un porcentaje del costo de los pasajes en trenes y colectivos, generando compensaciones tarifarias para los sectores de menores recursos. Sin embargo, presenta una cobertura limitada que no logra garantizar la accesibilidad de los pasajeros para la satisfacción de sus necesidades de desplazamiento.