Durante la segunda mitad del siglo XX, las reformas constitucionales llevadas a cabo en la mayor parte de los países en Occidente han incluido el reconocimiento del derecho a la educación para todos y, más específicamente, el del derecho a la educación de las personas con discapacidad sensorial, motriz o intelectual. En esa dirección, en Argentina, podemos señalar los siguientes mojones. En el 2008, por Ley Nacional nº 26.378 se aprobó la “Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad” establecida por las Naciones Unidas en el 2006. En el 2014, mediante Ley Nacional nº 27.044, se otorgó jerarquía constitucional a dicha Convención. Recientemente, en diciembre de 2016, el Consejo Federal de Educación aprobó la Res. nº 311 referida a la promoción, acreditación, certificación y titulación de los estudiantes con discapacidad. Sin embargo, en la Convención antes aludida aparece la expresión, un tanto controvertida, “ajustes razonables”. El propósito de esta ponencia es, a partir del análisis del marco normativo delineado y de los enfoques actuales sobre la discapacidad, plantear algunas reflexiones en torno a qué sentidos podemos asignar a la expresión “igualdad de condiciones” de la Convención como iniciativa política del Estado argentino y en materia educativa.