España se configura como un estado autonómico, lo que supone que muchas competencias estén transferidas a las comunidades autónomas. El Estado ha legislado unas garantías mínimas de servicios para toda la ciudadanía en materias como la sanidad y la educación, pero no así en materia de servicios sociales. Por ello, la protección a las personas en situación de dependencia se ha prestado desde diferentes sistemas de bienestar y en ellos confluían competencias de diferentes administraciones (estatal, autonómica y local). La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia posibilita la creación de un nuevo sistema, el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia cuyo funcionamiento se inicia en 2007. Este sistema viene a integrar algunos de los diferentes servicios que, previamente, prestaban atención al colectivo de personas en situación de dependencia desde múltiples ámbitos y a crear también otros nuevos. La ponencia presenta un análisis de los logros alcanzados y las carencias que se evidencian en el desarrollo de este nuevo sistema dirigido a prestar atención a las personas en situación de dependencia, pero también a potenciar su autonomía personal.