Durante los años de hegemonía de Rosas el imperativo de reinstalar el Orden en la provincia condujo a que se instrumentaran acciones para ordenar tanto la ciudad en el sentido de espacio público, como el espacio privado de la producción de bienes. Con esta intención, bajo el corto gobierno de Viamonte, Lucio Mansilla como Jefe de Policía emprendió diversos cambios en la reglamentación de organismos que quedaban bajo su jurisdicción, entre ellos, los mataderos porteños. Pero el origen del Reglamento para los Corrales de Abasto de 1834 no debe buscarse en la voluntad transformadora del gobierno sino en el reclamo de algunos propietarios que demandaban un cambio en las normas dentro de mataderos porteños que se dirigiera contra la autonomía y la falta de disciplina de los peones vendedores; y dado que este era un espacio público, orientaron su demanda hacia el Estado. Se trataba, entre otras cosas, de impedir el cuestionamiento a la lógica de la propiedad privada implícito en la apropiación directa de parte del producto de la faena y de terminar con la participación ocasional de los trabajadores como abastecedores. De esta manera se pretendía abaratar la mano de obra y disciplinar y subordinar a estos hombres a partir de la acción del Juez de los corrales que impondría las nuevas normas como representante del Estado y de los propietarios. A partir de este avance sobre las “costumbres” de los trabajadores, los peones vendedores de los Corrales del Sud buscaron el “patrocinio” de un Jefe de milicias que se había destacado en la Revolución de los Restauradores para presentar un petitorio a las autoridades en el que se discutían estos cambios. De la misma manera que los propietarios pretendieron reorganizar las relaciones de producción a través de la reglamentación, estos otros actores sociales discutieron sus propuestas y formularon reformas en sus mismos términos. Los peones-vendedores del matadero del Sur se reivindican como milicianos y “buenos federales” asumiendo los derechos que esta identidad implicaba. Nos proponemos demostrar que esto no puede ser escindido del marco de experiencias compartidas en que habían surgido nuevos liderazgos, construidos en disputa, y que es en el contexto de la amplísima movilización político-militar de los años 1832-1833 en el que se entienden estas acciones que confirman, una vez más, la relación existente entre la militarización de los sectores populares y su participación más o menos formal en la vida política de la sociedad.