A partir de la aprobación en el año 2000 del Protocolo de las Naciones Unidas para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños (conocido como el Protocolo de Palermo), los países adherentes se comprometieron a diseñar leyes contra la trata. En el año 2008, Argentina sanciona la Ley 26.364 sobre Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas que luego fuera modificada en el año 2012 por la Ley 26.842. A partir de entonces en Argentina se crearon organismos y políticas publicas con el objetivo de abordar esta problemática. La trata de personas representa una seria violación a los derechos humanos y tiene como objetivo la obtención de ganancia por parte de redes delictivas que se aprovechan de las condiciones de vulnerabilidad de las víctimas. La pandemia ocurrida durante el año 2020 acentuó las condiciones de desigualdad y vulnerabilidad de gran parte de la población, creando condiciones aún más propicias para la trata. Este hecho, junto con las disposiciones establecidas por el ASPO planteó un nuevo escenario para el abordaje de esta problemática. El objetivo de esta investigación es indagar sobre las nuevas formas que adquirió la trata de personas durante la pandemia en el año 2020 con el fin de identificar los nuevos desafíos generados a las políticas públicas implementadas en Argentina. La investigación se llevará a cabo a partir de la revisión de fuentes secundarias.