Pensar en las evaluaciones de políticas públicas como una herramienta desencantadora y racionalizadora del mundo es también afirmar, que son prácticas sociales que brindan un aporte fundamental para lograr el mejor desempeño posible de los programas. Sus dimensiones político-técnicas hacen que el proceso evaluativo no sólo tenga en cuenta un tipo de racionalidad instrumental basada en medios y fines, sino que incorpore los contextos, las necesidades y demandas de los actores participantes. Al hablar de prácticas sociales evaluadoras hacemos referencia a un proceso político que interviene en la cotidianeidad del desempeño de los programas para robustecer un fundamento ético de responsabilidad y mejora continua en los servicios otorgados, tratando de aumentar la calidad, la inclusión y la participación de un modo racionalmente fundado. En este sentido las recomendaciones generadas se transforman en un insumo indispensable para poner a prueba el sustento en el que se sostienen las decisiones de gestión de los programas. Pueden constituir una oportunidad para intervenir en el proceso racional de toma de decisiones a la hora de pensar los rumbos de las políticas públicas. Y al mismo tiempo, “desencantar” las construcciones de sentido común que se establecen en los comportamientos de las gerencias.