El marco jurídico e institucional del Parlamento argentino desincentiva el uso de evidencia científica de políticas entre legisladores, y por ende también en el Gobierno; lo cual hace a un bajo desarrollo de sus capacidades de representar, diseñar y evaluar políticas con cierta eficacia, eficiencia y relativa autonomía. Las consecuencias de este laissez faire pueden ser: costos políticos y económicos, la continuidad de problemas y la violencia política que dificulta acuerdos para resolverlos, y una violencia simbólica que impide a los representados conocer porqué se decidió como se decidió. A través de análisis empíricos y los aportes de epistemológica de Bourdieu, propongo complementar las explicaciones institucionalistas (Spiller, Tomassi, Saiegh, Calvo) sobre las bajas capacidades del Parlamento con nuevas hipótesis. 1) las nociones tradicionales de \"poder legislativo\", \"evidencia\" y \"ciencia\" desincentivan el uso de evidencia de políticas. 2) las reglas de juego dominantes en el \"Congreso\" predisponen a los \"legisladores\" a pensar en leyes jurídicamente viables o en productos de marketing político, más que en políticas y en un parlamento \"empoderado\". En relación a \"cómo puede contribuir la producción de conocimiento científico al fortalecimiento de las capacidades estatales\", propongo responder una pregunta previa: ¿hay que generar su oferta o su demanda?