Tras el triunfo electoral de la Alianza Cambiemos y la asunción presidencial de Mauricio Macri, se observó un reordenamiento de las alianzas sociales conformadas durante el ciclo de gobiernos kirchneristas. En este marco, la atomización que primó entre las organizaciones de la arena social durante el año 2016 contribuyó a la aprobación parlamentaria de medidas de apertura económica impulsadas por el Poder Ejecutivo. No obstante, luego de las elecciones intermedias de 2017, los deteriorados índices socioeconómicos y los acercamientos entre líderes opositores del Congreso, que en ciertas circunstancias se acoplaron con protestas convocadas por movimientos sociales y sindicatos, agrietaron el desempeño de la coalición legislativa oficialista. Retomando investigaciones que analizaron la penetración de intereses sectoriales en la arena parlamentaria y los posibles condicionamientos de la protesta social sobre el comportamiento legislativo, nos proponemos examinar el papel que cumplieron la CGT, las dos CTA y la CTEP durante los debates de la reforma previsional (2017) y la ley “anti-tarifazos” (2018). Ante un entramado diverso de organizaciones en interacción, exploramos los alcances y limitaciones de la categoría coalición social para caracterizar las estrategias y acciones desplegadas durante cada discusión, ya sea para obstruir, modificar o apoyar las iniciativas en cuestión.