La Municipalidad de Vicente López decidió cercenar un área de la Reserva Ecológica en la zona ribereña. Esto originó un conflicto con quienes intentaron frenar ese proyecto perjudicial para el ambiente del lugar –ya deteriorado por negocios inmobiliarios y malas políticas gubernamentales– y salvaguardar ese espacio verde público. Se puso en movimiento una rica interacción entre asociaciones y vecinos autoconvocados, que generó la presión necesaria para que la Municipalidad tuviera que crear una mesa de diálogo en la que se pudo exigir el correspondiente Estudio de Impacto Ambiental. Luego de su publicación se produjo un intercambio de saberes entre vecinos formados en distintas disciplinas científicas y vecinos sin formación académica. Los vínculos colaborativos entre pluralidad de disciplinas y de actores sociales derivó en un corpus de observaciones a dicho estudio que develaron sus numerosos errores y falsedades, y también los mecanismos de corrupción utilizados para avalar la obra. Fue una experiencia que reveló la importancia de la disolución de la frontera universidad-no universidad, y el valor de la interdisciplina y de la interacción de diversos sectores sociales. Esta praxis, en contexto de pandemia, resignificó conceptos relacionados con el urbanismo, la ecología integral, el buen vivir y la justicia socioambiental.