En la República Argentina el estado de aislamiento social decretado en marzo de 2020 por el gobierno nacional para contener el avance de la epidemia de coronavirus dio lugar a hechos perpetrados por la policía y las fuerzas de seguridad definidos como violencia institucional. Se trata de diversas modalidades de violaciones de derechos fundamentales producidas en el marco de la restricción de la circulación, entre ellas: amedrentamientos, amenazas, detenciones arbitrarias, maltratos, golpes, torturas, desapariciones forzadas y asesinatos de personas. En esta ponencia se abordan las características de la construcción de la denuncia pública —en los términos sociológicos propuestos por Luc Bolstanski (2001)— de estos hechos de violencia institucional, que los configura como injusticias y habilita los reclamos de justicia. Este trabajo se realiza desde una doble perspectiva, por un lado, se observan los diversos informes producidos por instituciones estatales. Por otro, se relevan los datos construidos por organizaciones sociales y de derechos humanos. A partir de estas fuentes de información es posible mostrar, parcialmente, tanto a los sujetos destinatarios de esta violencia institucional y a los territorios afectados como a algunas respuestas públicas y sociales frente a estos hechos, en un contexto de disputa por su sentido social.