La desigualdad en el acceso y el uso de las diversas tecnologías y medios de información y comunicación es un problema de larga data pero que se ha visibilizado con intensidad a partir de la pandemia del COVID 19. La CEPAL (2020) sostiene que tanto la conectividad como el acceso a ciertos dispositivos tecnológicos condicionan los derechos a la salud, la educación y el trabajo, sobre todo considerando las diferencias socio-económicas. Pero también, la brecha digital afecta otro tipo de derechos: a la información, la comunicación y la participación ciudadana. Las noticias se han vuelto un recurso indispensable durante la crisis sanitaria y las redes sociales se constituyeron aún más en un espacio público para la interacción (Casero Ripollés, 2020). En ese sentido, el concepto de clases sociales resulta productivo para relacionar las desigualdades estructurales con las vulnerabilidades en el ejercicio de los diferentes derechos. Basándonos en la Encuesta Permanente de Hogares (INDEC) y la Encuesta de la Deuda Social Argentina (UCA) 2018 – 2020 hacemos una comparación entre los diversos períodos, analizando las diferencias/desigualdades que surgen entre las distintas clases sociales en el uso y acceso a las TIC.