La participación ciudadana de los adultos mayores (AM) aparece como uno de los derechos a garantizar en varios de los tratados internacionales. La Argentina fue pionera en enfocarse en esta población, y un ejemplo de ello fue que en 1948 presentó el decálogo de la ancianidad ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU). La importancia de estos tratados reside en que los países contraen obligaciones entre los Estados, por un lado, y entre el Estado y los ciudadanos, por el otro. Además de los tratados internacionales, que tienen carácter obligatorio, existen los “soft law”: recomendaciones, directrices, reglas mínimas y principios; que no son obligaciones pero pueden “guiar” las políticas públicas. Tanto los tratados como los “soft law” fueron acompañando el envejecimiento poblacional y el cambio de paradigma de la vejez. Se considera Adulto Mayor a todas las personas de 60 años y más. Se estima que para el 2050 la proporción de AM en el mundo superará a la población menor de 14 años. Los países más envejecidos de Latinoamérica son Uruguay (19,0%), Chile (14,7%) y Argentina (14,3%) El objetivo del presente estudio es indagar y describir el concepto de participación de los AM descripto en los documentos internacionales y en los últimos planes nacionales dirigidos a los AM de tres países, a saber: Argentina, Chile y Uruguay. .m, Esta propuesta se enmarca en una investigación adscripta y aprobada (código de proyecto 32/15 200) en la Secretaría de Investigación y Desarrollo de la Universidad Nacional de Tres de Febrero, la cual se denomina “Ejercicio de la ciudadanía de los AM en la Ciudad de Buenos Aires, a partir de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores (2015)”