Las políticas sociales pueden entenderse enmarcadas en dos grandes perfiles, institucionalizados en sistemas de "seguridad" y "protección" social. Los parámetros de acceso al bienestar difieren entre tales sistemas, presentando fundamentos diferenciales del derecho a las prestaciones en cuestión. En este sentido, cada política -enmarcada en estos sistemas- que se proponga reducir mejorar los indicadores sociales, se estructura de acuerdo a un diseño que instituye derechos particulares. En esta línea, se analiza particularmente la Asignación Universal por Hijo para la Protección social (AUH). Partiendo de la delimitación de las características de la prestación (qué derechos instituye, a quiénes se dirige, cuáles son sus condicionamientos), el objeto del presente análisis son los posicionamientos y valoraciones que atribuyen a la AUH -y a sus destinatarios- determinados agentes involucrados en su operatoria. Tales posicionamientos se entienden como parte de los esquemas de percepción y apreciación del mundo (Bourdieu, 1990) de agentes que inciden en la operatoria del esquema condicionado de la AUH en el área educativa. Así, se destaca que determinadas herramientas de análisis de la sociología aportan a la comprensión de la concreción de las políticas sociales, analizando qué es lo que entienden sobre ellas sus agentes ejecutores, y en qué medida sus prácticas promocionan o dificultan la ejecución de los sistemas de seguridad y protección social.