La presente ponenecia intenta dar cuenta del funcionamiento del Estado argentino y la participación de sus ciudadanos en el proceso de toma de decisiones en el marco de la implementación de proyectos de megaminería en la provincia de Catamarca. El tratamiento de este tema supone, también, un análisis crítico de las tensiones existentes entre el marco legal, los derechos y la voluntad de los pueblos que habitan los territorios en disputa. Así, además de un marco legal que favorece a las empresas mineras trasnacionales (Ley de Inversiones Mineras y Acuerdo Federal Minero) o que criminaliza la protesta social (Ley de Asociaciones ilícitas terroristas y financiación del terrorismo); la actividad minera implica la violación a derechos constitucionales, la militarización de territorios, la formación de grupos represivos parapoliciales, censura, detenciones, amenazas y allanamientos que no respetan las jurisdicciones ni los procedimientos y normativas legales. Desde el otro lado, quienes resisten a la implementación de estos megaproyectos, han encontrado diversas formas de organizarse (ONG´s, organizaciones territoriales y asambleas vecinales) y de manifestarse (piquetes, marchas, concentraciones, escarches, denuncias, etc.). En principio se trató de vecinos sin experiencia militante que fueron aprendiendo fórmulas químicas, historia, procesos de extracción, leyes ambientales; y a hablar con los medios y otras organizaciones, buscando consenso y adhesión del resto de la sociedad civil. En última instancia, se trata de demandas por una democratización de las decisiones, por lo que debe entenderse por Democracia y el derecho de los pueblos a decir no frente a proyectos que afectan fuertemente sus condiciones de vida y comprometen el futuro de las generaciones.