El presente trabajo busca profundizar comprensión de los factores que operan en la orientación de las prácticas científicas hacia la atención de problemáticas sociales contemporáneas y en la utilización del conocimiento en las esferas gubernamentales, particularmente en el desarrollo de política criminal. Asistimos actualmente a un consenso generalizado acerca de que el conocimiento generado como resultado de la investigación científica puede ser un insumo relevante para la formulación de políticas públicas. Pero en los últimos años también se ha evidenciado las dificultades existentes para incorporar conocimiento científicamente validado a dichas políticas, particularmente en el área-problema de la violencia, el delito y la criminalidad. La persistencia de los viejos modelos de gobierno de la seguridad, sustentados en las prácticas y saberes de las instituciones policiales y los cuadros burocráticos judiciales, generan la necesidad de orientar las investigaciones científicas hacia contextos concretos de aplicación. De allí que las preguntas que guían nuestras reflexiones son ¿Cómo orientar la producción de conocimiento criminológico respecto de su aplicabilidad en la ejecución de la política criminal? Y ¿Qué circunstancias y factores pueden facilitar la vinculación entre productores y usuarios de conocimiento criminológico? El trabajo es acompañado de citas y ejemplos extraídos de un estudio de caso.