El documento final de la reciente Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sustentable denominado “El futuro que queremos” en su parágrafo N° 39 reconoce que el planeta Tierra y sus ecosistemas son nuestro hogar y que “Madre Tierra” es una expresión común en muchos países y regiones en donde se observa el reconocimiento de derechos de la naturaleza. Este emergente reconocimiento en el ámbito jurídico puede ser visualizado como la huella de una discusión de ineludible actualidad, particularmente en América Latina, en torno a la naturaleza como sujeto de derecho y su vínculo con alternativas de desarrollo como el sumak kawsay. En este sentido, existe una pléyade de declaraciones y normas jurídicas que desde hace algunos años se posicionan afirmando los derechos de la naturaleza, lo que genera la existencia de una novedosa herramienta jurídica a disposición ante conflictividades diversas. La judicialización de algunos conflictos permite comenzar a visibilizar cómo se ponen en movimiento estrategias argumentales que colocan en un plano relevante que la naturaleza no califica ya como objeto sino como sujeto de derecho, lo que podría ser leído en clave de “igualdad de armas” entre lo humano y lo no humano ante conflictos en los que se contraponen sus intereses. La propuesta de este trabajo consiste, por una parte, en una presentación breve sobre los trazos principales de los posicionamientos existentes sobre este tópico que han permeado las regulaciones legales. Por la otra, en una aproximación específica sobre el costado jurídico mediante el análisis del contenido de las normas disponibles vigentes y, en particular, de su movilización a modo de argumento medular ante conflictos judicializados. En este último plano, se focaliza en la jurisprudencia ecuatoriana que ha comenzado a recorrer este camino recientemente.