Por parte de la academia en Colombia –y especialmente las ciencias sociales– ha habido una frecuente invisibilización y acallamiento de la participación política de las mujeres. Los estudios que han indagado sobre tal participación suelen enfocarse en espacios de la política tradicional, como los partidos políticos o el Estado, dejando en el margen las formas no convencionales de participación política, como en organizaciones armadas o movimientos sociales. Estas aproximaciones priorizan una mirada que se centra en los efectos del conflicto armado sobre la vida de las mujeres, que por lo general las presenta desde una condición exclusivamente de víctimas. Así, por ejemplo, cuando se habla de mujeres guerrilleras, la idea que predomina es que están en las organizaciones insurgentes en contra de su voluntad, como víctimas absolutas de los hombres, sin ningún tipo de voz ni poder, lo que elimina de tajo la posibilidad de pensarlas como sujetos políticos que en pleno uso de su conciencia, y en condiciones sociales específicas, han optado por modos concretos de participación. Las prisioneras políticas en Colombia crean y recrean, bajo las condiciones propias de un contexto de encierro, relaciones donde se materializan fuertes disputas con el Estado y la clase dominante en torno a la categoría jurídico-política “prisionera política”. Acercarse a estas relaciones desde una mirada que priorice la voz de ellas mismas, representa un intento por avanzar en la comprensión del papel de las mujeres en un conflicto social y armado que se ha prolongado por más de cinco décadas y que hoy por hoy atraviesa todas las dimensiones de la sociedad colombiana. Esto, por supuesto, en estrecha relación con las políticas transnacionales de seguridad y lucha contra el terrorismo, que agenciadas desde estrategias globales, determinan y legalizan las prácticas de violencia política ejecutadas históricamente por el Estado en Colombia.