A partir del año 1996 se produjo un aumento respecto a la edad en la que el niño puede convivir con su madre en prisión, de los 2 a los 4 años, con el objetivo de preservar el vínculo “madre-hijo”, para lo cual se han establecido leyes que cuidan que la convivencia de las madres con los niños se produzca en condiciones adecuadas, respecto a la salud, educación y condiciones habitacionales; tanto para la madre como para el menor. Sin embargo este compromiso no aparece plasmado en las prácticas cotidianas que se dan dentro de las cárceles. La permanencia junto a sus madres limita el acceso a la educación y al contacto con otros miembros de sus familiares, impidiendo crear vínculos necesarios para su desarrollo y socialización. Si bien en los en los últimos tiempos se han desarrollado estudios más o menos exhaustivos sobre el ejercicio del rol de madre en un contexto penitenciario y sus consecuencias, no hay proliferación de estudios de caso sobre los niños en particular. Por eso, en el siguiente trabajo nos proponemos analizar el despliegue de las practicas institucionales que afectan o vulneran los derechos de los niños que viven con sus madres en la cárcel.