La suspensión de juicio a prueba es entendida como un método alternativo a la prisión, para resolver conflictos en el marco de la comisión de un delito o una contravención sin recurrir a un juicio que imponga una condena. Consiste, en este sentido, en una serie de medidas o reglas de conducta que se le imponen al imputado, cuyo cumplimiento exitoso garantiza el fin del proceso y la extinción de la acción penal. Como método alternativo a la prisión permite una solución más efectiva de los conflictos que subyacen a la denuncia por un hecho, a la vez que respeta los derechos y garantías de victimas e imputados, de acuerdo a su vigencia y validez nacional e internacional. En este marco se ha desarrollado un Programa Psico-socio educativo para hombres denunciados por hechos violentos, pensado como alternativa de trabajo interinstitucional y multidisciplinar en casos de suspensión de juicio a prueba. Este enfoque, dirigido exclusivamente a hombres denunciados por hechos que involucren violencia doméstica o de género, gira en torno a la importancia de un sistema de análisis de casos y a la necesidad de construir un procedimiento y una cultura técnica común en la atención y articulación entre servicios dedicados al tema, a fin de lograr un sistema que logre una efectiva valoración de riesgo frente a la posibilidad de repetición de situaciones de violencia. De este modo se intenta dar una respuesta tanto a la victima de la violencia como a quien ha sido indicado como autor de la misma, dándole herramientas a fin de evitar repetición de conductas a corto y largo plazo y promover comportamientos adaptados en la relación de pareja y familiar mediante la detección y manejo de las emociones, el trabajo de habilidades de relación y la resolución de problemas.