En este trabajo se exponen sucintamente algunos resultados de una investigación (dirigida a la obtención de la tesis de Doctorado) relativa a la implementación de la Nueva Política Migratoria Argentina a través del Poder Judicial. Una de las problemáticas fundamentales está dada por el (des) balance entre las condenas y antecedentes penales (genéricamente: causales penales) como impedimentos para ingresar o permanecer en el país, por un lado y los derechos reconocidos a las personas migrantes (reunificación familiar, a residir en base al derecho a migrar, a la igualdad, etc.), por otro. A partir de los casos judiciales relevados que involucraron causales penales, se distinguen cuatro parámetros para evaluar la performance estatal al aplicar causales penales: (i) tipo de delito; (ii) situación procesal de la persona; (iii) familia; (iv) residencia. Entre las conclusiones, el trabajo muestra dificultades e interpretaciones erróneas al momento de aplicar una política migratoria sobre la base de las disposiciones penales que contiene; en varios casos, la orden de expulsión puede ser calificada de “ilegal”, sea por cuestiones de forma, de fondo o una combinación de ambas.