Desde una perspectiva socio-histórica de la reivindicación de los derechos de las Personas con Discapacidad desarrollaremos el análisis del artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CPCD) que expresa el “Igual reconocimiento como persona ante la ley”, siendo el Estado el responsable de reconocer la titularidad de los derechos de las PCD y garantizar la capacidad de ejercerlos. Hacemos referencia al ejercicio de la capacidad jurídica en tanto resulta imprescindible en un marco de derechos civiles. En correlación abordaremos la idea de ciudadanía como el ejercicio de la participación política y cultural, que materializa una suerte de estatus jurídico, político y socioeconómico. El Modelo Social de la discapacidad establece que la PCD debe ser tratada como sujeto de derecho, esto implica que no se la puede privar de su oportunidad de decidir y actuar. Sin embargo nuestra legislación nacional, contrariamente establece la asignación de un “curador”, quien sustituye el ejercicio de los derechos, respondiendo por sus intereses. Es ineludible que se creen condiciones necesarias para que no se refuerce la pasividad de la PCD, sino que logre actuar por sí misma. Observamos un doble proceso respecto de la Ciudadanía: por un lado de desciudadanización –asociada a la figura del “curador”- y por el otro de ciudadanización – pensada desde el ejercicio de la autonomía-. Para la profundización del análisis utilizaremos discursos de PCD con el objetivo de visualizar e interpelar las categorías teóricas abordadas.