La actual controversia sobre la capacidad jurídica de las personas con discapacidad mental o intelectual tiene componentes jurídicos, pero también un trasfondo relacionado con la representación de los que la ley denomina incapaces de hecho relativos. La autonomía y la plena ciudadanía es uno de los objetivos de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, pero la aplicación de estos principios debe atravesar situaciones de hecho que requieren de apoyos intensivos, así como la armonización con normas del derecho civil. El objetivo de este trabajo es analizar críticamente la jurisprudencia pertinente, a través de la interpretación de las normas y lo que dicen los jueces, desde una perspectiva crítica del derecho vigente. Asimismo me propongo analizar la brecha en esta materia, entre el discurso normativo y prácticas institucionales.