Una de las principales cuestiones de la agenda pública en los países centrales y América Latina es el futuro de la seguridad social. En los últimos años se sucedieron una serie de reformas que modificaron en mayor o menor medida los sistemas previsionales: En lo que respecta a esta última región, en Argentina se implementaron sucesivas reformas que culminaron en 2008 con la vuelta al monopolio del régimen público de reparto; en Chile se añadió al pilar de capitalización individual otro no contributivo para los sectores más pobres; en Uruguay se flexibilizaron las condiciones de acceso a los beneficios; por su parte Bolivia avanza hacia la estatización en cumplimiento de lo dispuesto por la constitución de 2009. En Europa, la sostenibilidad financiera de las pensiones se encuentra en el centro de la polémica, siendo donde más notoriedad ha alcanzado el debate es en Francia, España y Grecia. Esta ponencia intenta delinear una tipología de reformas teniendo en cuenta los dos escenarios que presentan en el globo: La Unión Europea y América Latina. En el primer caso el principal problema que afrontan los sistemas previsionales es la sostenibilidad financiera producto de la disminución de la ratio entre aportes activos y beneficiarios del sistema, como consecuencia del aumento de la expectativa de vida. A ello se suma que el cálculo de las prestaciones en estos países aseguran una alta tasa de sustitución (porcentaje del ingreso que percibía antes del retiro el beneficiario) cercana en muchos casos al 90%. En el segundo escenario, América Latina, el debate transita, fundamentalmente por la extensión de la cobertura pasiva; los problemas de financiamiento frente a mercados laborales con altos niveles de informalidad; y la equidad de género. Una particularidad aquí es que en los años 90 varios países de la región han adoptado regímenes de capitalización individual (México, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Colombia, Perú, Bolivia, Chile, Argentina y Uruguay) que agravaron los problemas mencionados y sumó los denominados costos fiscales de la transición. Por lo tanto, en América Latina se implementaron reformas tendientes a ampliar la cobertura, pero en dos modalidades: Los casos en donde se eliminaron las cuentas de capitalización individual (Argentina y Bolivia) que podemos denominar como estructurales; y los casos de reformas parciales en donde no se tocó el pilar privado (Chile, Perú y Uruguay), las cuales podemos llamar de “reformas no estructurales”. En los países desarrollados se implementaron reformas paramétricas (Francia y Grecia), y se estudian las mismas en Estados Unidos, España y Gran Bretaña, en vista de los problemas de la sostenibilidad producto de una alta tasa de sustitución y una amplia cobertura. Las dimensiones a tener en cuenta son: 1) La relación entre el régimen público y privado, 2) La modificación de parámetros para el acceso al beneficio; 3) Los cambios introducidos en la fórmula de cálculo del haber jubilatorio; 4) la creación de nuevas prestaciones; 5) los cambios en la administración; y 6) las principales finalidades de las reformas implementadas.