Desde fines del siglo XIX hasta principios del XX Argentina fue receptor de importantes flujos de migrantes transatlánticos, fundamentalmente italianos y españoles. En 1914 el 29.9% de la población era extranjera y de ellos sólo 8.6% tenía origen limítrofe, pero a partir de ese momento su peso relativo fue aumentando progresivamente. Ya en 1980 constituían 39.6% hasta llegar a 60.3% en el año 2001. En 1981 el gobierno de facto aprobó la Ley General de Migraciones y Fomento de la Inmigración N° 22.439 en el marco de la doctrina de la Seguridad Nacional, para preservar la identidad cultural y la seguridad interior, lo que se tradujo en una política restrictiva, que volcaba a la irregularidad a un importante volumen de migrantes. Durante el período considerado, se aprobaron dos Decretos Reglamentarios de la Ley, estableciendo las condiciones en que la Dirección Nacional de Migraciones podía conceder la residencia. Además se dictaron dos Decretos que constituyeron normas de excepción permitiendo la regularización migratoria, facilitando procedimientos administrativos y presentación de documentación. También se firmaron Convenios Bilaterales de Migración con Chile, Bolivia y Paraguay permitiendo la residencia legal y afianzando las relaciones de cooperación entre países expulsores y receptores.