La intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 2006 - iniciada a partir de la causa Mendoza1- y la respuesta obtenida por parte de los organismos estatales competentes (Gobierno Federal, de la Provincia de Buenos Aires y de la Ciudad homónima), representó el comienzo a una nueva etapa en materia de política ambiental en la Cuenca Matanza–Riachuelo, generando expectativas en torno a la gobernabilidad metropolitana. El actor judicial aparece en este nuevo contexto como una figura activa encargada de llevar adelante la causa, motorizando acciones y articulaciones entre los actores con capacidad de gestión en la Cuenca. Sin embargo, el fraccionamiento político-jurisdiccional sigue presentándose como una importante limitación para las acciones que pretenden responder a una noción territorial de cuenca hídrica. La debilidad de la estructura institucional de los municipios que integran la cuenca, en términos de legitimidad social, económica y política; se presenta como la principal barrera para superar la división jurisdiccional. A partir de lo antedicho, y en el marco del Plan de Saneamiento Ambiental vigente, el proyecto urbano ambiental del Camino de Sirga representa un caso empírico que permite analizar los nuevos marcos de gobernabilidad impuestos desde la justicia, identificando los conflictos entre los actores que comparten el territorio y la acción estatal resultante. En este sentido, el presente trabajo se propone indagar sobre el rol de los actores intervinientes en el territorio de la cuenca (estatales y no estatales) y las lógicas e intereses que prevalecen en la gestión (políticas de inclusión / exclusión), aportando así herramientas válidas para pensar la gobernabilidad de cuencas en contextos metropolitanos.