Tras la apertura democrática iniciada en 1983, la subordinación de las Fuerzas Armadas al poder civil y el destierro de la Doctrina de Seguridad Nacional del seno de las instituciones militares se convirtieron en exigencias ineludibles para la consolidación del orden constitucional. El primer paso firme en este camino lo constituyó la sanción, en 1988, de la Ley de Defensa Nacional, que reemplazó a la vieja ley de facto vigente desde los años de Onganía. Los debates en torno a la Ley de Defensa Nacional y la restauración del control civil sobre las Fuerzas Armadas fueron el reflejo de un conjunto de tensiones y controversias que condicionaron íntegramente los inicios de la vida democrática nacional. En este marco, el establecimiento de una distinción categórica entre los ámbitos de la defensa y la seguridad interna constituyó una de las tareas más dificultosas. En este trabajo, abordaremos las principales objeciones a la delimitación civil de las funciones, misiones y objetivos de las Fuerzas Armadas, vinculadas a la consideración del “terrorismo” como la amenaza “más probable” al orden social. De esta forma, a partir del análisis de los debates parlamentarios sobre la Ley de Defensa, pretendemos contribuir a la comprensión de las razones que posibilitaron la permanencia en el discurso político de la población civil como hipótesis de conflicto, y del otorgamiento de una “misión política” a las Fuerzas Armadas.